OPINIÓN: TEORÍA Y PRÁCTICA DEL EXPOLIO Y DISPARATE DE LEY

Hay periodistas que buscan causas, relaciones y opinan con valor. En la prensa de hoy dos artículos interesantes. Uno lo firma Adolf Beltrán en El País, titulado "Teoría y práctica de expolio" y cuyo primer párrafo define el expolio y nos introduce en las consecuencias de determinadas decisiones políticas, ajenas a sus motivos y en la situación del Cabañal hoy. Reproduzco el artículo.

"Entre la expropiación y el expolio hay una delicada línea que la dinámica del poder democrático ha de conjurarse a respetar siempre con mimo. Hablo de delicadeza y ya sé que no es una virtud del partido que gobierna las instituciones valencianas, ni de la alcaldesa de la capital, esa señora tan expansiva. El expolio, desde luego, puede afectar al patrimonio individual o al colectivo. Y la "dinámica expropiatoria/expoliadora que rige la evolución de las ciudades", es bien habitual que incurra en los dos pecados al mismo tiempo. Suele ocurrir que los abusos sobre individuos se sumen para configurar un abuso de conjunto. Sin ir más lejos, 200 infelices vecinos de La Punta, apegados a su huerta y sus costumbres, fueron desalojados hace unos años de sus casas en nombre del interés público más perentorio para construir una Zona de Actividades Logísticas que acumula rastrojos junto al puerto que tanto la necesitaba. Con ellos, aquel enclave y su memoria lo hemos perdido los demás también.

Ahora, la palabra expolio centra la polémica sobre El Cabanyal. Expolio del patrimonio cultural, y por tanto colectivo, que el Gobierno de España ha ordenado impedir en ejercicio de la competencia extrema que la Constitución le reserva en esta materia. Un ejercicio obligado, además, por resolución judicial del Tribunal Supremo. Tenía que definirse y lo ha hecho el Ministerio de Cultura de la única manera honesta que podía: dando la orden de paralizar el plan que prevé prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a través de un barrio declarado bien de interés cultural, para replantearlo. Y la dama expansiva, que no puede perder nunca ni ceder ante nadie, y el presidente de los trajes regalados, perdido en la espiral de una política de ruido y sospechas, se han lanzado a clamar contra una "agresión", un "atropello" y un "desafío" a las instituciones valencianas. De un manotazo, han despojado al viejo barrio de pescadores de cualquier protección patrimonial y han convertido la figura de bien de interés cultural en un capricho de quita y pon sometido al humor, la estulticia o la demagogia de quienes eventualmente ocupen el poder.
Mientras la maquinaria expropiatoria/expoliadora, con métodos medievales, aprieta a los vecinos de El Cabanyal mediante amenazas de derribos, los dirigentes del PP, para justificar la arbitrariedad, ponen sobre la mesa sus mayorías electorales y echan al cubo de la basura las de los demás (¿acaso José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la Moncloa con otra aritmética que no sea la de las urnas?). Sin duda, la restitución del equilibrio en este conflicto vendrá a través del procedimiento judicial. Otra cosa es la política valenciana, arrasada por una gente que se niega a entender que la mayoría electoral otorga la legitimidad de gobernar pero no da la razón, que las leyes ofrecen amparo ante el expolio, sea éste individual o colectivo, y que nadie tiene patente de corso, ahora y aquí".

El segundo artículo lo firma el gran Wyoming, que plantea en Público, el disparate en el que a veces se sitúa la ley. "Disparate de ley".

"Una sentencia pretende enviar a la cárcel a dos periodistas por comunicar una información veraz, precisamente en España, donde todos los días se publican informaciones falsas a sabiendas y con total impunidad. Los españoles hemos sufrido durante años portadas en las que se acusaba a la Policía, a la Guardia Civil, al Ejército y al Gobierno de estar detrás del mayor atentado de nuestra historia. El propio juez instructor del 11-M y los fiscales se habrían encargado de destruir y ocultar pruebas para salvar a los verdaderos autores del atentado, según estas informaciones coreadas por líderes como Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, que se apresuraron a pedir el archivo de la causa que habría supuesto dejar en libertad a terroristas que luego fueron condenados a miles de años de cárcel.
Ahora se hace una excepción a la impunidad para condenar a dos periodistas por publicar una lista verdadera de afiliaciones falsas al PP, denuncia que proviene de un miembro de ese partido, en los sucesos previos al famoso tamayazo que hizo a Esperanza Aguirre presidenta de la Comunidad de Madrid gracias a una trama corrupta perfectamente orquestada que la Justicia se niega a investigar. La propia Aguirre ha sido la única que ha celebrado la condena de estos periodistas mintiendo, otra vez, para justificar su opinión, al afirmar que no se condena por informar sino por revelar secretos como direcciones y teléfonos de los afiliados, lo cual es falso: sólo se publicaron los nombres. Una vez más, la Justicia se propone como herramienta política al margen de su cometido como poder del Estado, mientras que el Consejo General del Poder Judicial mira para otro lado".

La negrita es mía